miércoles, abril 04, 2018

Una cuarta parte de los jóvenes quiere ser funcionario

MADRID.- Uno de cada cuatro jóvenes quiere estudiar una oposición para ser funcionario, el mismo porcentaje que aquellos que quieren montar su propio negocio. Así lo ha constatado un estudio llevado a cabo por Círculo de Formación entre los 17.872 asistentes a la última edición de Unitour en España.

El documento revela también que el 52% de los estudiantes encuestados elegirá su carrera por vocación, mientras que un 38% del total de los jóvenes de bachillerato se ve desarrollando su carrera profesional en una empresa privada.
Por provincias, los más interesados en ser funcionarios son los alumnos cordobeses, ya que un 34% estudiaría una oposición después de su grado, seguidos de los leoneses (33%), los coruñeses, los murcianos y logroñeses (31%), los alicantinos (29%) y los zaragozanos, vallisoletanos y ovetenses (28%).
En el otro extremo, los jóvenes malagueños destacan como los más emprendedores de España, ya que un 32% quiere montar su propia empresa, seguidos por los estudiantes de Las Palmas y Valencia, ambos con un 28% de jóvenes que desean ser emprendedores.
En cuanto a los más vocacionales, el 56% de los estudiantes de La Coruña afirma que escogerá carrera porque es lo que le gusta desde siempre, seguidos por los de León y Córdoba (ambos con 55%), y San Sebastián, Vigo, Cádiz y Valladolid (54%).
Por el contrario, un 35% de los estudiantes españoles consultados se fijaría antes en las salidas profesionales que le ofrece su futuro grado. En esta línea, los que otorgan más peso a las salidas profesionales son los madrileños, ya que 38% se fijará en que su grado tenga alta empleabilidad, seguidos por los ovetenses, grancanarios, logroñeses y zaragozanos (37%).
Sobre el lugar de sus estudios, el estudio asegura que los españoles son «caseros» pues el 50% asegura que le gustaría estudiar en su propia provincia o comunidad, mientras que un 35% estudiará fuera de su región, y un 13% tiene pensado irse fuera de España.

El 33% se irá donde haya trabajo

En cuanto al destino por trabajo, el 33% ha señalado que le es indiferente dónde trabajar, pues se trasladará donde encuentre empleo, mientras que un 19% lo buscará directamente fuera de España. Este porcentaje ha descendido respecto al pasado año, cuando un 21% señalaba que desarrollaría su carrera profesional fuera de España. Por otro lado, un 25% prefiere quedarse en su provincia o comunidad, y un 23% trabajará en cualquier parte de España.
Por provincias, los estudiantes más propensos a buscar trabajo fuera de España son los malagueños, ya que un 28% quiere ejercer su profesión fuera de España. En el otro extremo se encuentran los estudiantes donostiarras, pues un 37% quiere trabajar en su comunidad o provincia. Les siguen los bilbaínos, con un 34% y valencianos con un 33%.
Por último, según datos del estudio, el 49% de los jóvenes se informa de los temas que le interesan navegando por internet, ya sea en medios de información online o a través de distintas redes sociales. Por otro lado, un 31% revela que se mantiene al día charlando con su familia y amigos, mientras que un 13% ve la televisión, un 5% lee el periódico impreso y un 2% tiene por costumbre escuchar la radio para conocer las noticias.

El FMI insta a España a prepararse ya para la próxima crisis

MADRID.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que ha llegado el momento de que España se prepara para la próxima crisis porque es seguro que esta llegará antes o después y sus efectos pueden volver a resultar demoledores para un país que comienza a recuperarse de la última recesión. 

Así lo ha expuesto el subdirector gerente del FMI, David Lipton, durante su intervención en una jornada conjunta de este organismo con el Banco de España, que se ha celebrado este martes en Madrid bajo el título "España desde la recuperción a la resiliencia" y recoge Cinco Días.
El FMI aplaude los "difíciles" esfuerzos realizados por la población española para evitar "el colapso" de el país en lo peor de a crisis, demostrando que los ajustes internos sin controlar la política monetaria son posibles. 
Sin embargo, el organismo advierte que "ha llegado el momento de arreglar el tejado mientras brille el sol", es decir, de tomar las medidas necesarias para fortalecer la economía española ante la próxima crisis.

Los Presupuestos del 2018 incluyen una posible quita de deuda a las autonomías

MADRID.- El Gobierno quiere tener manos libres para poder decidir este mismo años quitas en la deuda de las comunidades autónomas con el Estado o una mejora de sus condiciones (tipos de interés y plazos). Esta es la última “zanahoria” que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha incorporado en el proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018 que fue presentado este martes en el Congreso de los Diputados, con el fin de ganar el mayor apoyo político y social para sus cuentas, según reoge www.elperiodico.com.

No solo es una “zanahoria”, sino un argumento más para intentar quebrar el rechazo frontal que el PSOE manifiesta contra el proyecto del Gobierno. Algunas comunidades socialistas, como Baleares y Valencia, demandan al Gobierno algún tipo de reestructuración de su deuda pública que les permita ganar oxígeno en sus cuentas públicas. También lo ha pedido para Catalunya, el líder del PSC, Miquel Iceta.
Esta es la última novedad de un proyecto de ley que, según Hacienda, incluye medidas con un impacto presupuestario de 3.800 millones para mejorar las rentas de más de 13 millones de personas y sus familias. “Se trata de empleados públicos, pensionistas con ingresos más bajos y trabajadores asalariados que cobran menos de 18.000 euros”, añade Hacienda. 
En las cuentas, pactadas con Ciudadanos, también se han incluido ventajas fiscales para familias numerosas, para contribuyentes con discapacitados a cargo y para padres con gastos de guarderías al tiempo que se ha mejorado los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. Además, los recursos para las comunidades autónomas aumentan en 4.248 millones, por la mejora de la recaudación tributaria.
“Son unos buenos presupuestos, que benefician a mucha gente y no perjudican a nadie”, resumió este martes en Argel el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, haciendo valer las “zanahorias” (en una vieja expresión de Montoro) de las cuentas del 2018.  
Rajoy se comprometió a dar “la batalla” para que España tenga Presupuestos en el 2018, para lo que aún necesita ganar cinco votos con los que poder superar el debate de las enmiendas a la totalidad, a finales de abril o primeros de mayo. 
Los cinco votos del PNV que sirvieron para sacar adelante las cuentas del 2017 están en el aire, en tanto no se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Catalunya, tras la constitución de un nuevo Govern. Mientras tanto, el Gobierno intenta ganarse el favor del PSOE y en esa estrategia encaja la oferta de una reestructuración de la deuda de las autonomías.
Según explicó Montoro, el proyecto de ley incluye una disposición para que el Gobierno “pueda hacer uso de las deudas de las administraciones territoriales con el Estado para poder dar una mayor prima a las cumplidoras, en forma de reestructuración de esa deuda” previo informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) o de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). 
En su disposición adicional última el proyecto de ley admite que “estos incentivos podrán afectar total o parcialmente al importe de los créditos que ostente el Estado así como a sus condiciones financieras”.
En un primer momento, el PSOE no se mostró seducido por esta propuesta. “No es el momento para hablar de reestructuración de la deuda”, dijo el responsable de Economía del PSOE, Manuel Escudero. “Estamos esperando para conocer una propuesta solvente, cierta y detallada de un nuevo modelo de financiación autonómica. Sería una trampa empezar a hablar de un aspecto aislado de los demás”, añadió.
Las cuentas presentadas por el Gobierno en el Congreso de los Diputados incluyen un volumen de gasto consolidado del Estado, la Seguridad Social y sus organismos públicos por un total de 354.225 millones de euros, el 2,7% más que el año pasado. Frente a esto, los ingresos consolidados previstos ascienden a 300.903 millones de euros, con un crecimiento del 3% respecto al año anterior.
Según explicó Montoro, estos presupuestos encajan dentro del modelo económico del PP con el objetivo de “reducir la participación del gasto total en el producto interior bruto y mantener un nivel de ingresos públicos en el entorno del 38% del PIB”. Aquí reside la principal diferencia con el modelo socialista, que propugna un nivel de ingresos más cercano a la media de la Unión Europea (del 44% del PIB) para dar cabida a un mayor nivel de gasto y del estado de bienestar.
El ministro de Hacienda resaltó este martes que el peso del gasto social del Estado (pensiones, desempleo, servicios sociales y  becas) sobre el presupuesto total del Estado se mantiene en el 55,6%. Sin embargo, su crecimiento del 2,8% es inferior al previsto para la economía en euros corrientes (4,3%), por lo que en el 2018 volverá a disminuir el peso del gasto social respecto del PIB.
“No son recortes, es moderación en el crecimiento del gasto” interpretó Montoro. “Los Presupuestos son más aparentes que sociales”, criticó por su parte UGT. “Los pequeños guiños sociales, claramente electoralistas, no buscan restablecer los derechos. Hay dinero para las autopistas, pero no para atender las necesidades sociales más urgentes”, abundó el sindicato 
Entre las partidas de gasto destaca el aumento de infraestructuras (16,5%) mientras que bajan las de intereses de la deuda pública (hasta los 31.547 millones, el 1,9% menos) y desempleo (17.702 millones, el 3,4% menos) por las mejores condiciones económicas.  Con todo, el gasto previsto en infraestructuras, de 5.676 millones (el 1,6% del gasto total), apenas es el 40% de los 14.040 millones del 2008, cuando la inversión de los Presupuestos pesaba el 4% en el gasto total consolidado, según recordó UGT.

El Gobierno sacará este año otros 3.826 millones de euros de la 'hucha' de las pensiones

MADRID.- El Gobierno volverá a hacer uso de la llamada "hucha de las pensiones" este 2018, según se desprende de los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Ejecutivo. El texto incluye que la Seguridad Social sacará del Fondo de Reserva un importe de 3.826 millones de euros, "para atender, exclusivamente, las insuficiencias de financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión". 

 Rajoy ha vaciado el 90% de la hucha, que cayó a los 8.095 millones este diciembre de 2017, desde los máximos de cierre de 2011 (66.815 millones).
En el Presupuesto de la Seguridad Social, los presupuestos de 2018 detallan esta partida concreta de uso de la hucha, al contrario que el año pasado, cuando tan solo hacía mención al "régimen excepcional de disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social".
Esta previsión del gasto se encuentra una hucha de las pensiones en mínimos. Tras la salida de 3.586 millones de euros para la paga extra de navidad el pasado diciembre, el Fondo de Reserva contenía 8.095 millones de euros a 1 de diciembre, el 0,73% del PIB. Es la cifra más baja desde 2002.
Cuando Mariano Rajoy llegó al Gobierno en diciembre de 2011, el fondo de reserva estaba en su tope máximo, 66.815 millones. Esto quiere decir que este instrumento creado en el 2000 con el objetivo de constituir reservas que permitieran atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos ha menguado desde la llegada del PP al poder un 87,88%.
Según el proyecto de Presupuestos, la Seguridad Social contará este año con un presupuesto de 149.967 millones de euros, cifra un 3,5% superior a la de 2017 y equivalente al 12,4% del PIB.

Préstamo de 15.164 millones del Estado

El Presupuesto de la Seguridad Social incluye, a la vista de su situación financiera, un préstamo del Estado por importe de 15.164 millones de euros para garantizar que el sistema pueda cumplir con el pago de prestaciones. En 2017, el préstamo del Estado a la Seguridad Social fue de 10.192 millones de euros.
Los ingresos por cotizaciones sociales alcanzarán este año los 114.916 millones de euros, un 3,9% más que lo presupuestado inicialmente en 2017. Este montante permitirá a la Seguridad Social financiar el 76,6% de su presupuesto total, según asegura el Gobierno.
El Ejecutivo calcula que en 2018 la Seguridad Social ingresará 108.175,2 millones de euros en cotizaciones de empresas y trabajadores, un 4,2% más que en el presupuesto de 2017.
Asimismo, el sistema percibirá 133,2 millones por cuotas correspondientes a la prestación de cese de actividad de los autónomos, un 0,4% más sobre el presupuesto de 2017, mientras que por cotizaciones de desempleados recaudarán 6.607,3 millones de euros, un 0,2% más que en 2017.
Tras las cotizaciones sociales, las aportaciones del Estado son las que más contribuyen a la financiación de la Seguridad Social. Este año, la Seguridad Social contará con aportaciones del Estado por un importe global de 13.558 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 7.329 millones de euros irán destinados a cubrir los complementos a mínimos, un 2,1% más que en 2017.
Las aportaciones del Estado para financiar las pensiones no contributivas y las prestaciones no contributivas de protección a la familia alcanzarán los 4.151,5 millones de euros (+2,7%) y el importe destinado a la atención a la dependencia será de 1.401 millones de euros, de los que 1.308 millones corresponden a la financiación del mínimo garantizado por el Estado.

“Fuera paraísos fiscales”, una jornada contra “el robo” a la educación o las pensiones

MADRID.- Los paraísos fiscales parecen no estar entre las preocupaciones más inmediatas a la ciudadanía. El nombre suena exótico y la estafa parece ocurrir en países lejanos. Pero esta imagen poco se asemeja a la realidad. Oxfam Intermón denuncia que la contribución de las empresas multinacionales al total de la recaudación es cada vez menor, así que el peso de la financiación del Estado recae cada vez más sobre las familias, el trabajo y el consumo. Además, los destinos favoritos del IBEX-35 son lugares como Delaware, Holanda, Irlanda y Luxemburgo, países cercanos que España no contempla en su lista negra de paraísos fiscales, pero que tienen prácticas fiscales agresivas, según recoge Cuarto Poder.

Este 3 de abril era el aniversario de la publicación de los Papeles de Panamá, la filtración masiva de documentos confidenciales de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, una de las más importantes del mundo en la creación de sociedades offshore
La publicación de esta información supuso un escándalo mundial y, por esto, el Foro Social Mundial eligió esta fecha para proclamar el Día Internacional contra los Paraísos Fiscales, una iniciativa que parte de España y a la que se han sumado varios países. 
La Plataforma por la Justicia Fiscal, conformada por sindicados y organizaciones como ATTAC u Oxfam Intermón organiza una concentración en Callao. Participarán “los afectados”: el colectivo de pensionistas, mareas de la sanidad y la educación, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros.
“Los medios de comunicación más favorables a las políticas neoliberales repiten que no hay dinero para subir las pensiones, que hay que recortar, que hay que hacer frente a un déficit que nos está forzando la UE etc., pero en ningún momento hablan de la gran cantidad de dinero que deja de ingresar el Estado por evasión fiscal”, explica Ricardo García, miembro de ATTAC y de la Plataforma por la Justicia Fiscal. 
Todas las empresas del Ibex-35 utilizan paraísos fiscales y su presencia casi alcanza las 1.000 filiales en estos territorios, según ha contabilizado Oxfam Intermón.
Los paraísos fiscales rompen con el modelo de sociedad de Europa para garantizar el llamado estado de bienestar. “Si quienes tienen mayor capacidad para contribuir no pagan, somos nosotros, la mayoría, los que estamos pagando”, plantea la responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, también portavoz de la Plataforma, Susana Ruiz. 
La experta explica que las grandes fortunas y las grandes empresas utilizan los sistemas tributarios desiguales en los distintos países, muchas veces contrarios entre sí, para ir encontrando “vacíos”. 
Esto les permite, por ejemplo, crear sociedades que tengan la matriz en un lugar, mientras la marca o la propiedad intelectual se encuentra en determinados paraísos fiscales, de forma que “fugan” de una forma artificial sus beneficios.
Es un problema global, que requiere de soluciones a nivel internacional. Cada vez se suman más escándalos y filtraciones periodísticas sobre los paraísos fiscales – Paradise Papers, Bahamas leaks, Panama Papers, Luxleaks, Swissleaks…– y la opinión se muestra más crítica con el fraude fiscal, de forma que algunas empresas están empezando a cambiar sus malos hábitos. 
Sin embargo, es importante la presión, remarcan las organizaciones implicadas, que creen que aun queda mucho camino por recorrer. En concreto, la inversión de España hacia paraísos fiscales se multiplicó por cuatro entre 2009 y 2016 alcanzando los 9.544 millones de euros, mientras que la mitad de la inversión que llega al país lo hace a través de un paraíso fiscal, según recogió Oxfam Intermón en un informe.

La lista negra y otras medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal
El primer paso sería que el Ministerio de Hacienda elaborara una lista completa de paraísos fiscales, según las organizaciones. Esto permitiría, por ejemplo, presionar al Estado o a los Ayuntamientos para que solo contraten a empresas que se encuentren fuera de dicho listado. El Gobierno actualmente trabaja en una lista de paraísos fiscales que sustituirá  a la de de 1991 para adaptar el ordenamiento jurídico español al acuerdo alcanzado en el Ecofin el pasado mes de diciembre
En la línea de los planteado por la OCDE, se había ido dejando fuera a cada vez más paraísos fiscales y esta es una oportunidad para revertir la situación. Desde 2003 han ido desapareciendo de la lista paraísos fiscales como el Principado de Andorra, las Antillas Holandesas, Emiratos Árabes Unidos, Bahamas, Barbados, Panamá o Singapur.
La UE tiene una lista negra, que actualmente conforman nueve países, y una lista gris, en la que se incluyen más de 60 países que son paraísos fiscales o tienen prácticas fiscales agresivas, pero que han mostrado un firme compromiso de acabar con la situación. 
“Se va por una por buena dirección, ya que al menos los criterios ya no son los del G-20 y la OCDE, que tenían en cuenta únicamente la transparencia, y contemplan otras causas como que tengan prácticas nocivas o sean agresivos con otros países”, explica Ruiz. 
Sin embargo, la lista europea parte de la exigencia de no incluir a países europeos, como Luxemburgo e Irlanda, mientras que no se ha publicitado cuales son los compromisos concretos adquiridos por parte de los países de la lista gris, denuncia la Plataforma por la Justicia Fiscal.
Además de vigilar el proceso de la elaboración de la lista por parte del Gobierno, la Plataforma por la Justicia Fiscal también exige medidas como la protección de los periodistas que cubren las informaciones relativas a la evasión fiscal –denuncian que sufren una enorme presión y que incluso pueden ver como su vida corre peligro– o el refuerzo de la vigilancia contra el fraude. 
“En España es imprescindible el incremento de la dotación de recursos públicos de la Agencia Tributaria para así poder incorporar los avances de la agenda internacional e ir cerrando agujeros”, explica Ruiz.
“Hay que recordar que la presión ciudadana provocó las dimisiones del ministro (José Manuel) Soria y el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix”, indica García. Ambos se retiraron después de aparecer vinculados a sociedades offshore en los Papeles de Panamá. “Se ha creado un sentimiento y una sensibilidad ciudadana. En el momento en el que alguien tiene una sociedad offshore se le invalida políticamente y eso es positivo”, señala. Hay que seguir luchando para que la ciudadanía sea consciente de que “nos están robando”, añade.