PALMA.- La Audiencia Provincial de Baleares ha dejado
sin efecto la fianza carcelaria de 500.000 euros que pesa sobre el
expresidente del Govern Jaume Matas, cantidad a la que ya fue
anteriormente reducida la caución de tres millones de euros que el juez
instructor de la causa, José Castro, le impuso en marzo de 2010 por
riesgo de fuga.
Así lo ha acordado mediante un auto el tribunal de la Sección
Primera, después de que la defensa del exmandatario autonómico
solicitase la revocación de las medidas cautelares acordadas en su día
contra su patrocinado. En concreto, la retirada de la fianza se ha
producido dentro de la pieza 2 del caso, en el marco de la cual el
Tribunal Supremo redujo a nueve meses de cárcel la pena a la que Matas
fue condenado por la Audiencia.
No obstante, el imputado continuará teniendo retirado su pasaporte
y seguirá teniendo prohibido salir del territorio nacional, medidas que
pesan sobre él en el marco de la pieza principal del caso Palma Arena y
que, por tanto, continúan vigentes.
En su resolución, el tribunal alega que, después de que el TS se
pronunciase sobre la condena de la pieza 2 -relativa a la contratación
irregular del periodista que redactaba los discursos del expresidente-,
ninguna acusación ha mantenido la petición de privación de libertad
contra Matas -sea o no bajo fianza-, por lo que "necesariamente procede
dejarla sin efecto".
Fue tras tomarle declaración durante dos días cuando el juez
Castro decretó la fianza de tres millones de euros para el exministro
dentro del caso Palma Arena, una de cuyas principales líneas de
investigación se centran en el lujoso tren de vida llevado por el
encausado cuando era máximo dirigente de la Comunidad Autónoma y que, de
acuerdo a las pesquisas, no se corresponde con los ingresos que obtenía
como presidente.
Los investigadores apuntan a la relación de los elevados gastos de
Matas con la presunta malversación de aproximadamente cincuenta
millones de euros durante la ejecución del velódromo palmesano
(2005-2007), considerada infraestructura 'estrella' de la segunda
legislatura del exmandatario (2003-2007).
Unos hechos que niega de forma tajante el expresidente, quien
durante su primera declaración ante el juez manifestó que parte del
dinero que obtenía mensualmente por el alquiler de un local ubicado en
la calle Sant Miquel, de Palma, no lo declaraba, justificando así que
pagase en negro parte de los 400.000 euros que se gastó en reformar la
vivienda que posee en el casco antiguo, más conocida como 'palacete', y
negando haber rehabilitado la vivienda con fondos públicos.
Mientras tanto, el magistrado también decretó una fianza de
responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para Matas ante los por
posibles perjuicios económicos derivados de la contratación
presuntamente irregular del arquitecto Santiago Calatrava, quien
percibió 1,2 millones de euros del Govern para la elaboración del
anteproyecto de la ópera de Palma, cuya construcción finalmente no se
llevó a cabo.
Dentro de la misma causa, dividida en un total de 27 piezas
separadas, el juez Castro investiga el presunto desvío de fondos
públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana por parte del Instituto
Nóos, presidido entonces por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin,
mientras que también indaga la trama de financiación supuestamente
ilegal del PP balear en la que se considera la ramificación de la trama
Gürtel en las islas.
Cabe recordar que el expresidente se sentará por segunda vez en el
banquillo de los acusados el próximo 2 de diciembre para ser juzgado,
también dentro del caso Palma Arena, por un presunto delito de cohecho a
raíz de la contratación supuestamente irregular de su mujer por parte
de un hotelero balear dirigida a encubrir la dádiva de 42.111 euros que
el empresario habría entregado al exministro como regalo.
En concreto, la Fiscalía acusa a Matas de ser autor de un delito
de cohecho tipificado en el artículo 426 del anterior Código Penal
(cuando el soborno mediare a favor del reo por parte de su cónyuge u
otra persona a la que se halle ligado de forma estable), por el que
solicita para él una pena de 900 euros de multa así como el comiso de
los 42.111 euros cobrados por su esposa, Maite Area.
