CALVIÁ.- El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de
Calvià ha interpuesto una demanda contra el Consistorio mallorquín por
vulneración de derechos fundamentales, al ocultar información en torno a
un convenio de 326.000 euros anuales para la recogida de basura en
Andratx, lo que la formación interpreta como una forma de encubrir un
posible desvío de fondos públicos a través de una actuación realizada "a
espaldas de la legalidad", y evitar así una judicialización del asunto
"con consecuencias judiciales indeseadas".
La demanda alude en
concreto a un convenio rubricado entre los Ayuntamientos de Calvià y
Andratx con la empresa Calvià 2000, sin que la oposición haya podido
tener acceso a la documentación del mismo, una actitud con la que,
denuncia, el equipo de gobierno "pretende emular las de ciertos
expolíticos que han sido condenados por corruptos y similares epítetos, y
que han traicionado a los ciudadanos que depositaron su confianza en
ellos".
El escrito, firmado por el letrado Pablo Alonso de Caso en
representación del portavoz socialista en Calvià, Alfonso Rodríguez,
señala que el pasado 30 de mayo el PSOE solicitó mediante moción la
suspensión de la prórroga prevista del convenio por falta de información
sobre la ejecución del mismo, sus beneficios, el coste y si contaba con
el visto bueno de los funcionarios. Pese a ello, recrimina, la
iniciativa fue rechazada y la prórroga aprobada.
El demandante pone de manifiesto que la única documentación que le
fue entregada -posteriormente a la aprobación de la prórroga- consistía
en cinco folios "sin numerar ni testimoniar", ignorando "si era toda la
que componía el expediente administrativo". Ante esto, el PSOE solicitó
de nuevo la información requerida, si bien el Ayuntamiento acudió a los
servicios de un jurídico externo en base a cuyo informe el Consistorio
acabó denegando la petición de los socialistas.
Una decisión que, asevera Alonso de Caso, supone "el desesperado y
vano intento de ocultar contratos y decisiones que más pronto que tarde
saldrán a la luz".
"Véase cómo el derecho a la información y la
participación acaba imponiéndose sobre las corruptelas y oscurantismos
en un Estado verdaderamente democrático, pese a que el poder lo ejerzan
personas que añoran tiempos pasados en los que los ciudadanos carecían
de representantes así como del derecho para poder reclamar información",
incide el abogado en este sentido.
En este contexto, subraya cómo uno de los argumentos del
Ayuntamiento para no facilitar la información radica en el "previsible
uso" que de los datos pudieran hacer los socialistas, como si desde el
Consistorio "tuvieran dotes adivinatorias y supieran qué uso se va a
hacer, y sin indicar ni siquiera el supuesto uso perverso y abyecto que
de la información ha venido realizando el solicitante de la misma",
asevera el letrado.
"En definitiva, afirman que ha hecho un uso inadecuado de la
información -sin indicar cuál- y prevén que semejante comportamiento
reprochable se repetirá -desconociéndose cómo han llegado a semejante
conclusión premonitoria-; de ahí que lo denieguen (...) porque sí,
porque quieren y porque es su caprichosa voluntad, en un ejercicio
voluntarista del poder y de la autoridad que bien pudiera ser tildado de
prevaricador", recrimina Alonso de Caso.
El abogado hace hincapié asimismo en el hecho de que el
Ayuntamiento echara mano de un jurídico externo para elaborar el informe
previo a la denegación de los datos, puesto que "ningún funcionario de
carrera se atrevería a firmar semejante informe" que, a mayor
abundamiento, cita una sentencia que "ni es de aplicación al asunto y
por ende no sirve para avalar la postura torpe, torticera y contraria a
Derecho que ha adoptado el Consistorio".
En este sentido, incide en que "es tal el grado de desprecio al
derecho de información de los concejales que están en la oposición, que
se emplea una forma tan soberbia y prepotente como la empleada, que
demuestra cómo la decisión estaba tomada de antemano". Alonso de Caso
considera que, con esta actitud, no se ha respetado el Reglamento
Orgánico Municipal de Calvià, que dispone el acceso a la información, lo
que "obedece a un capricho y a un ánimo de ocultar la información y
dificultar la labor de control y fiscalización".
Es por ello que, subraya, como quiera que al Consistorio
'calvianer' "no le convenía, pues quedaría al descubierto lo que viene
ocultando, y como quiera que los funcionarios no le darían respaldo,
buscó un asesor externo para que le redactara un informe que sirviera de
pretexto para la decisión que de antemano había tomado la alcaldía".
Adoptando así una decisión "inmotivada, caprichosa, graciosa y gratuita"
que viola además el artículo 77 de la Ley de Bases de Régimen Local.
Tal y como reza la demanda, con la denegación de la información
"se está vetando el derecho de los ciudadanos a la participación en los
asuntos públicos", una participación que, subraya, "no se limita o
constriñe a una mera votación rutinaria cada cuatro años sino a un
constante control de la acción de gobierno que debe efectuarse con las
mejores condiciones, y éstas no son otras que la información".
"La información supone la verdadera, eficaz y eficiente labor de
participación en cuestiones públicas pues sin ella no se conoce el
verdadero alcance y magnitud de aquello que realiza y decide quien
ejerce el control", asevera Alonso de Caso, quien arguye así que "por
ende deviene en imprescindible contar con toda la información posible
antes de tomar una decisión y fiscalizar si es acertada o no". Tanto es
así que, asevera, en este caso la denegación de los datos "no es sólo un
ultraje al Derecho Constitucional que asiste a mi mandante, sino a toda
la ciudadanía 'calvianera'", concluye.
