MADRID.- La nueva regulación eléctrica para los sistemas insulares y
extrapeninsulares pasará su primer debate en el Pleno del Congreso este
jueves, cuando se someterán a votación las enmiendas de totalidad
presentadas por la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Coalición
Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
pidiendo su devolución al Gobierno, así como la del PSOE, que ha planteado una normativa alternativa.
Para los socialistas, el proyecto de ley para la Garantía del
suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos
insulares y extrapeninsulares es "incompleto, carente del necesario
rigor y perjudicial para los sistemas a los que pretende regular" que,
además, deberían contar con normativas individualizadas por tener
características muy diferentes entre ellos, lo que hace que los
preceptos de la norma sean "de muy dudosa aplicación".
También critican que no se haya consultado a las comunidades
autónomas, al Consejo de Estado o a la Comisión Nacional de la Energía
(CNE) como es "preceptivo" y que tampoco se haya analizado "con detalle"
el impacto económico y presupuestario de estas medidas, lo que ha
impedido constatar que "el objetivo de reducción de costes pretendido no
solamente no se alcanzará sino que la aprobación del mismo conducirá a
un encarecimiento de la generación eléctrica", entre otras cosas por la
imposición de retribuciones que conllevarán una "sobrecapacidad
innecesaria" sin constituir un "elemento incentivador de la competencia"
entre los operadores.
El PSOE apunta incluso a un posible "carácter inconstitucional" de
la ley por invadir competencias autonómicas en materia de
autorizaciones, y rechaza que se regulen con este texto algunos aspectos
de la "muy controvertida" técnica del 'fracking hidráulico' que, a su
juicio, debería "ser objeto de un texto legislativo singular".
Por todas estas razones, el Grupo Socialista propone un texto
alternativo que, partiendo de la exigencia de realizar un "análisis
detallado y completo" de las limitaciones estructurales de los sistemas
insulares y extrapeninsulares, plantee las actuaciones "más adecuadas
para reducir o mitigar" esos problemas. "Sólo de este modo se podrá
lograr una reducción futura efectiva de los costes", aseguran.
En este sentido, proponen que el Gobierno, junto con los gobiernos
autonómicos afectados, planifique la producción eléctrica ordinaria que
sea necesaria mediante un procedimiento de concurrencia que, no
obstante, "dé preferencia a las fuentes de energía renovables", para las
que defienden también un "régimen específico" que prime especialmente
la eólica y la solar.
Asimismo, el PSOE defiende una "urgente incorporación de
instalaciones de generación de bombeo", que son capaces de dar una
"respuesta rápida y segura" en caso de necesidad; y también pide que se
realice un estudio "en profundidad" de la viabilidad técnica y económica
para desarrollar nuevas interconexiones entre la península y las islas y
ciudades autónomas, con el objetivo de que sea posible acceder a
combustibles más económicos a partir de los cuales generar electricidad.
Finalmente, reclama que en el plazo de seis meses desde la entrada
en vigor de la Ley el Gobierno presente a las Cortes un proyecto para
regular el autoconsumo eléctrico con balance neto, que también podría
resultar muy útil para sistemas aislados como los insulares, además de
favorecer la independencia energética y la reducción de emisiones.
Por su parte, CC-NC alega que el proyecto de ley invade
competencias autonómicas al conceder al Estado la potestad de decidir
qué instalaciones se autorizan, además de plantear el "falso objetivo"
de que el mejor camino para contar con un sistema eléctrico "eficaz,
eficiente y al menor coste posible" pasa por las energías
convencionales, cuyo fomento "redundará en un incremento de los costes
de producción".
Así, los nacionalistas canarios apuestan por desarrollar las
energías alternativas con regímenes diferenciados para Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla; así como por recuperar el régimen retributivo
adicional, cuya eliminación "no sólo no garantiza la suficiencia
energética, sino que creará un serio riesgo de desabastecimiento y
dejará en suspenso inversiones de futuro", generando una gran
inseguridad jurídica.
Por su parte, la Izquierda Plural rechaza esta norma porque,
aunque "se reconoce" que en los sistemas insulares y extrapeninsulares
los costes de generación de las renovables "son menores", no se favorece
el desarrollo de estas tecnologías sino que, antes al contrario, se
opta por la "gasificación de las islas", que necesita de costosas
construcciones de infraestructuras y provocará un aumento de la
dependencia energética y más contaminación.
Además, IU-ICV-CHA critica que el Gobierno regule el 'fracking' en
este texto en lugar de "aplicar el principio de precaución" ante una
tecnología de efectos aún desconocidos y que no cuenta con "medidas de
prevención de impactos ambientales".
En la misma línea, ERC critica que una ley que debería "servir
para mejorar el suministro eléctrico" apostando por la autogeneración y
las renovables, acaba suponiendo la "perpetuación de la dependencia de
combustibles fósiles" y se utiliza "de manera subrepticia" para "abrir
las puertas" al 'fracking' sin incluir medidas de prevención.
Aunque el debate de totalidad tendrá lugar el jueves, los grupos
parlamentarios tendrán de plazo hasta el martes 28 de mayo para
presentar las enmiendas al articulado, si bien este plazo podría ser
ampliado por la Mesa del Congreso.
